La Abogacía reclama un sistema transparente y equitativo en el nombramiento de administradores concursales

septiembre 16, 2025

La Abogacía española ha planteado un conjunto de propuestas dirigidas a mejorar la organización del sistema concursal en nuestro país. En el marco del V Congreso Mercantil y Concursal celebrado en la ciudad de Toledo, el presidente de la Abogacía, Salvador González, reclamó un modelo de designación de administradores concursales que funcione bajo un turno corrido provincial, con el fin de garantizar igualdad de oportunidades entre profesionales y un reparto equilibrado de la carga de trabajo.

Según González, resulta imprescindible que el Registro Público Concursal evolucione hacia un esquema que aporte fiabilidad, agilidad y transparencia. El objetivo es consolidar una herramienta accesible para profesionales, empresas y ciudadanos que facilite la designación objetiva de los administradores y ofrezca información clara sobre su experiencia y trayectoria.

Observaciones al proyecto de Real Decreto

La intervención del presidente se enmarca en las observaciones que la Abogacía ha remitido al Proyecto de Real Decreto de desarrollo del Registro Público Concursal. Entre las principales aportaciones, destacan:

  1. Transparencia en las designaciones: instaurar un turno corrido provincial que elimine posibles desigualdades territoriales y permita un sistema de reparto de nombramientos equitativo.
  2. Clarificación en el pago de honorarios registrales: se propone evitar que los costes recaigan de manera indebida sobre los administradores concursales, delimitando con precisión la responsabilidad de abono.
  3. Información completa de los profesionales inscritos: el Registro debe convertirse en una base de datos fiable, con detalles sobre la capacitación y la experiencia de los administradores, ofreciendo garantías tanto para los juzgados como para los acreedores y deudores.

Con estas medidas, la Abogacía busca reforzar la confianza en el sistema, reducir tensiones y avanzar hacia una práctica concursal más eficiente.

Propuestas para el Reglamento de Estadística Concursal

Además de las observaciones sobre el Registro, la Abogacía ha presentado aportaciones al proyecto de Real Decreto que regula la Estadística Concursal. González señaló que es fundamental que la información recopilada sea útil y práctica, y que vaya más allá de los datos básicos.

Entre los aspectos a medir, destacó:

  • La tasa de recuperación de créditos en los concursos.
  • El coste medio de los procedimientos para empresas y particulares.
  • La eficacia de los planes de reestructuración en términos de viabilidad empresarial.
  • El impacto de la Ley de Segunda Oportunidad en autónomos y emprendedores.
  • La influencia de factores sociales, como el género o la discapacidad, en el desarrollo y resolución de los concursos.

De este modo, se pretende disponer de un análisis riguroso que sirva de base para la mejora normativa y que permita detectar fallos estructurales en la aplicación práctica de la legislación concursal.

España, sin esperar a 2027

Otro de los mensajes centrales de la Abogacía es que España no puede esperar hasta 2027 para implantar un modelo estadístico común, fecha prevista por la Comisión Europea. González defendió que nuestro país debe anticiparse y diseñar un sistema propio, sólido y verificable, que permita recopilar datos de forma inmediata.

De esta manera, los órganos judiciales, profesionales y el propio tejido empresarial dispondrían de herramientas actualizadas para mejorar la toma de decisiones, perfeccionar la gestión de los procedimientos y reducir la incertidumbre en un contexto económico cada vez más complejo.

Un congreso con amplia representación institucional

El congreso contó con la participación del decano del Colegio de la Abogacía de Toledo, Ángel Cervantes; del teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Fondos Europeos y Participación, Juan José Alcalde; y de Álex Munné, director de operaciones de International Auction Group y presidente de la Asociación Nacional de Entidades Especializadas.

La presencia de representantes institucionales y del sector privado reflejó el interés por mejorar la normativa concursal y avanzar hacia un sistema más equilibrado, donde se combinen la protección del tejido empresarial con la garantía de los derechos de acreedores y deudores.

La función de la abogacía en el ámbito concursal

Durante su intervención, González destacó el papel esencial de los abogados en la práctica concursal. Subrayó que los profesionales del derecho no solo acompañan a empresas y particulares en situaciones de crisis económica, sino que también actúan como agentes clave en la prevención de conflictos, en la interpretación normativa y en la detección de incoherencias legales o vacíos jurisprudenciales.

En palabras del presidente, “los abogados y abogadas somos indispensables en la gestión de los procedimientos concursales, en la defensa de la seguridad jurídica y en la protección del Estado de derecho”.

Impacto en Murcia y la importancia de la transparencia

La situación descrita tiene un reflejo directo en comunidades como Murcia, donde numerosos procedimientos de insolvencia se tramitan cada año. Para los profesionales que ejercen en la región, un Registro Público Concursal eficiente y transparente es una herramienta fundamental.

La introducción de un turno corrido provincial garantizaría que abogados y administradores concursales de Murcia reciban un trato igualitario en el acceso a los nombramientos, evitando posibles desequilibrios y fortaleciendo la confianza de ciudadanos y empresas en la justicia mercantil.

Conclusión

Las propuestas presentadas por la Abogacía buscan modernizar y hacer más justo el sistema concursal español. Un Registro Público Concursal ágil y fiable, unido a una estadística concursal rigurosa y anticipada, contribuiría a generar mayor seguridad jurídica, proteger a las empresas y a los ciudadanos en situación de insolvencia y garantizar un reparto justo de las oportunidades profesionales.

Con esta iniciativa, se pretende que tanto en Murcia como en el resto de España, la práctica concursal evolucione hacia un modelo más eficiente, transparente y orientado a la protección del tejido económico y social.

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